El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo n.º 467, mediante el cual reorganiza la estructura administrativa de la Presidencia de la República y define una nueva distribución de funciones a través de cinco secretarías generales.
De acuerdo con la normativa, la medida busca unificar las reformas institucionales realizadas en los últimos años, fortalecer la organización interna del Ejecutivo y concentrar en un solo cuerpo legal las competencias de las diferentes dependencias presidenciales.
La nueva estructura estará integrada por las siguientes dependencias:
- -Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.
- -Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
- -Secretaría General Jurídica.
- -Secretaría General de Comunicación.
- -Secretaría General de Integridad Pública.
El decreto también dispone que estas secretarías podrán contar con subsecretarías generales, subsecretarías, direcciones y asesores, de acuerdo con las necesidades institucionales y la disponibilidad presupuestaria. Además, establece que quienes ocupen las Subsecretarías Generales tendrán rango de viceministros de Estado.
Entre las principales funciones, la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete asumirá la coordinación del Gabinete Presidencial, la articulación con los ministerios y la vocería presidencial en los temas que le sean delegados por el jefe de Estado. Por su parte, la Secretaría General Jurídica continuará encargándose del análisis y elaboración de decretos ejecutivos, proyectos normativos y otros instrumentos legales.
En tanto, la Secretaría General de Comunicación será responsable de coordinar la estrategia comunicacional del Gobierno y las acciones de difusión institucional, mientras que la Secretaría General de Integridad Pública tendrá a su cargo la formulación de políticas para prevenir actos de corrupción y fortalecer los mecanismos de transparencia dentro del Estado.
Con esta reorganización, el Ejecutivo redefine la estructura administrativa de la Presidencia y actualiza las competencias de sus principales dependencias mediante un solo decreto, con el propósito de mejorar la coordinación institucional y evitar la dispersión normativa.
