El Gobierno de Cuba volvió a cuestionar la política de sanciones impulsada por Estados Unidos. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de buscar afectar deliberadamente la capacidad de la isla para garantizar servicios esenciales a la población.
Las declaraciones se produjeron después de que Washington anunciara el 20 de agosto una nueva ronda de sanciones contra Cuba. Las medidas alcanzan a nueve entidades estatales y a tres funcionarios vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Entre las organizaciones sancionadas se encuentra el Ministerio de la Construcción.
Rodríguez sostuvo que las nuevas restricciones forman parte de una estrategia destinada a presionar la economía cubana. Según el canciller, las sanciones dificultan que el Gobierno de La Habana pueda garantizar servicios básicos y acceder a productos necesarios para la población, incluidos alimentos y suministros médicos.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos justificó las medidas bajo el argumento de que las entidades sancionadas respaldan estructuras que, según Washington, contribuyen al aparato represivo del Gobierno cubano. Rubio también ha defendido una política de mayor presión sobre La Habana y ha advertido que Estados Unidos mantendrá las medidas hasta que se produzcan cambios políticos en la isla.
Las nuevas sanciones afectan principalmente a sectores considerados estratégicos para la economía cubana, como la minería, la metalurgia y la construcción. Washington también señaló al ICAP, al que acusa de desarrollar actividades de influencia y de promover posiciones contrarias a los intereses estadounidenses.
La Habana, en cambio, sostiene que estas acciones terminan repercutiendo sobre la población y agravando las dificultades económicas que enfrenta el país. La disputa se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos gobiernos y de nuevas medidas de presión económica impulsadas por la administración estadounidense.
El intercambio de acusaciones refleja el nuevo endurecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, mientras el Gobierno cubano denuncia los efectos de las sanciones y Washington insiste en utilizarlas como mecanismo de presión contra las autoridades de la isla.
