El proyecto busca fortalecer las herramientas del Estado contra el crimen organizado. Entre sus propuestas está crear un delito específico por pertenecer a estructuras delictivas y establecer penas para quienes colaboren, financien o faciliten sus actividades.
La denominada Ley Antimafias está lista para ser analizada en primer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto plantea reformas a varios cuerpos legales con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones de delincuencia organizada que operan en Ecuador.
Una de las principales novedades de la propuesta es la creación de un tipo penal relacionado con la pertenencia a grupos de delincuencia organizada (GDO). La iniciativa busca que formar parte de una estructura criminal pueda ser sancionado independientemente de la participación de una persona en un delito específico.
La Comisión de Seguridad Integral analizó esta figura con expertos en criminología y derecho procesal. Durante esas discusiones se advirtió que la norma deberá definir con precisión qué se considera “pertenencia” a una organización criminal, para evitar interpretaciones que puedan generar problemas en su aplicación judicial.
Sanciones para quienes colaboren con las organizaciones
El proyecto también contempla sanciones para personas que, sin integrar directamente una organización criminal, conozcan sus actividades ilícitas y colaboren de manera consciente con ellas.
De acuerdo con el informe que será llevado al Pleno, estos colaboradores externos podrían enfrentar penas de entre 10 y 13 años de prisión, dependiendo de las circunstancias establecidas en la normativa.
La propuesta busca alcanzar no solamente a quienes ejecutan acciones violentas, sino también a las personas que proporcionan apoyo logístico, financiero o de otra naturaleza para que las estructuras criminales puedan continuar operando.
El proyecto también apunta al financiamiento criminal
La iniciativa pretende atacar las distintas áreas que permiten que las organizaciones delictivas mantengan sus operaciones. Esto incluye mecanismos relacionados con el financiamiento, logística, corrupción y utilización de empresas o actividades aparentemente legales.
El proyecto fue presentado como una herramienta para desarticular las estructuras criminales desde diferentes frentes y no únicamente mediante la persecución de delitos como el sicariato.
Durante el análisis legislativo también se recibieron observaciones de instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Nacional de Justicia y el Ministerio de Salud Pública. Entre los temas planteados estuvieron medidas contra las drogas sintéticas, el control de precursores químicos y mecanismos para enfrentar el uso de empresas por parte de organizaciones criminales.
¿Qué sigue en la Asamblea?
El siguiente paso será el primer debate en el Pleno, donde los asambleístas podrán analizar el contenido del proyecto y plantear observaciones o modificaciones.
Después de esta etapa, la comisión correspondiente deberá incorporar los cambios que considere pertinentes y preparar un nuevo informe para continuar el procedimiento legislativo.
Por ahora, la Ley Antimafias no está vigente. Se trata de una propuesta que continúa su proceso de discusión en la Asamblea Nacional y que podría sufrir modificaciones antes de una eventual aprobación.
El debate se desarrolla en medio de la búsqueda de nuevas herramientas legales para enfrentar el crecimiento y la transformación de las estructuras de delincuencia organizada en Ecuador.
