El Gobierno de Colombia autorizó la extradición a Estados Unidos de dos líderes de disidencias de las FARC que participaron en las negociaciones de paz impulsadas durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.
La decisión fue anunciada el 26 de agosto de 2026 por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y representa un giro frente a la política de “paz total” promovida por el anterior gobierno.
Los dos dirigentes son Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias “Mocho Olmedo”, y Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”. Ambos pertenecían a estructuras disidentes de la antigua guerrilla de las FARC y fueron detenidos en Colombia durante 2025.
Del diálogo de paz a la extradición
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, las autoridades colombianas impulsaron conversaciones con diferentes grupos armados como parte de su estrategia denominada “paz total”. En ese contexto, algunos dirigentes de organizaciones armadas fueron reconocidos como representantes o negociadores.
Las extradiciones de algunos de estos líderes habían sido suspendidas mientras avanzaban los acercamientos con las organizaciones armadas. Sin embargo, los diálogos no llegaron a acuerdos definitivos y el nuevo Gobierno colombiano decidió retomar los procesos de extradición.
Cooperación con Estados Unidos
La decisión también refleja el cambio de orientación del Gobierno de De la Espriella en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, con una mayor apuesta por la cooperación con Estados Unidos.
Según reportes internacionales, la medida forma parte de una decisión más amplia que contempla la extradición de cinco cabecillas vinculados a estructuras criminales, aunque no todos se encuentran bajo custodia de las autoridades colombianas.
Entre los casos autorizados figuran dirigentes relacionados con disidencias de las FARC y otras organizaciones armadas que participaron en los procesos de negociación durante el Gobierno Petro.
Un cambio frente a la “paz total”
La decisión marca un contraste con la estrategia implementada por Gustavo Petro, cuyo Gobierno buscó reducir la violencia mediante negociaciones simultáneas con diferentes grupos armados.
Ahora, la administración de De la Espriella apuesta por una política de seguridad más enfocada en la persecución judicial y la cooperación internacional. La extradición de antiguos negociadores de paz se convierte así en uno de los primeros símbolos del cambio de rumbo frente a la estrategia del gobierno anterior.
La decisión podría tener repercusiones tanto en la política de seguridad de Colombia como en las relaciones con Estados Unidos, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico y persecución de organizaciones armadas.
