La Fiscalía General del Estado ubica al exministro del Interior José Serrano dentro de la estructura que, según la acusación presentada ante la justicia, habría planificado y coordinado el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Serrano es uno de los siete procesados en el denominado caso Magnicidio FV y enfrenta cargos como presunto autor mediato del asesinato ocurrido el 9 de agosto de 2023, cuando Villavicencio fue atacado a tiros después de participar en un mitin político en Quito.
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, Serrano habría cumplido un papel relacionado con el acceso y manejo de información reservada. La acusación sostiene que, debido a sus anteriores funciones como ministro del Interior, habría tenido capacidad para acceder a información vinculada con actividades de inteligencia y seguridad.
La Fiscalía considera que esa información pudo haber sido utilizada dentro de la estructura criminal para conocer detalles relacionados con los movimientos y la seguridad de Villavicencio, facilitando la planificación del ataque.
En el expediente también aparecen otros presuntos autores mediatos, entre ellos Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, además de personas vinculadas con la organización criminal Los Lobos. Para la Fiscalía, cada uno habría desempeñado funciones diferentes dentro de una estructura que permitió coordinar los recursos, información y logística necesarios para ejecutar el crimen.
La investigación sostiene que la estructura no habría actuado de manera aislada. Según la acusación, existió una coordinación entre actores políticos, operadores y miembros de organizaciones criminales para llevar adelante el asesinato.
En el caso de Serrano, la Fiscalía sostiene que su presunta participación se relaciona con la planificación y coordinación desde un nivel superior, razón por la que lo acusa como autor mediato y no como ejecutor material del ataque.
El asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió durante la campaña electoral de 2023 y generó una de las investigaciones criminales de mayor impacto político en Ecuador. En una primera etapa, la justicia condenó a responsables vinculados con la ejecución material del crimen. Posteriormente, la Fiscalía concentró sus investigaciones en determinar quiénes habrían ordenado y coordinado el asesinato.
José Serrano permaneció en Estados Unidos hasta su deportación a Ecuador el 28 de agosto de 2026. Tras su llegada al país fue trasladado a la cárcel El Encuentro, en Santa Elena, mientras continúa el proceso judicial en su contra.
La situación jurídica de Serrano corresponde actualmente a la de un procesado. La acusación de la Fiscalía deberá ser analizada durante las siguientes etapas del proceso y será la justicia la que determine, mediante una sentencia, si existe o no responsabilidad penal.
