El Gobierno Nacional incorporó a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) como actores estratégicos dentro del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, una política pública que busca fortalecer la prevención del delito y mejorar la gestión territorial en coordinación con las instituciones del Estado.
La estrategia contempla que los municipios refuercen acciones relacionadas con la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la gestión de riesgos y la implementación de programas preventivos dirigidos a reducir los factores que favorecen la violencia y la delincuencia. Además, se prevé una mayor articulación entre los gobiernos locales, la Policía Nacional y otras entidades competentes.
El plan establece que la seguridad no dependerá únicamente de las fuerzas del orden, sino que requerirá la participación coordinada de diferentes niveles de gobierno, promoviendo políticas públicas enfocadas en la prevención, el desarrollo social y la intervención temprana en los territorios considerados de mayor vulnerabilidad.
De acuerdo con la hoja de ruta presentada por el Ejecutivo, el documento también define objetivos para recuperar el control del territorio frente al crimen organizado, fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la coordinación entre las entidades encargadas de la seguridad pública. Entre las amenazas identificadas figuran el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, el terrorismo, el crimen organizado y los ciberataques.
