La Fiscalía General del Estado de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, dentro de una investigación relacionada con las protestas y bloqueos de carreteras registrados durante mayo y junio de 2026. Las autoridades lo señalan por su presunta responsabilidad en hechos que habrían afectado la estabilidad del país.
El Ministerio Público abrió una investigación contra Morales por varios delitos, entre ellos presunto terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectaciones a servicios públicos. La Fiscalía sostiene que las movilizaciones generaron una crisis que incluyó bloqueos prolongados de vías.
Las protestas a las que hace referencia la investigación exigían la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz y se extendieron durante varias semanas, provocando interrupciones en el transporte y afectaciones económicas en distintas regiones del país.
Morales rechazó las acusaciones en su contra y calificó la acción judicial como una persecución política. El exmandatario aseguró que las medidas en su contra buscan desviar la atención de los problemas económicos y sociales que atraviesa Bolivia.
La orden de captura se suma a otros procesos judiciales que enfrenta el exgobernante boliviano, quien continúa siendo una figura de fuerte influencia dentro de la política del país y mantiene el respaldo de sectores sociales afines.
El caso continuará bajo investigación mientras las autoridades judiciales determinan la posible responsabilidad de Morales y de otros dirigentes vinculados a las movilizaciones.
