El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado suscribieron un convenio de cooperación para reforzar la vigilancia sobre el uso de bienes y recursos públicos durante las próximas elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El acuerdo fue firmado el 13 de agosto de 2026 por el presidente del CNE, José Cabrera, y el contralor general del Estado, Mauricio Torres. La medida busca evitar que recursos provenientes del Estado sean utilizados para favorecer la promoción de candidatos durante el proceso electoral.
¿Qué se busca controlar?
Uno de los principales objetivos será verificar que autoridades y funcionarios públicos no utilicen bienes, recursos o actividades institucionales para beneficiar a determinadas candidaturas.
El control tendrá especial importancia durante la campaña electoral, que está prevista entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026, antes de la jornada de votación del 29 de noviembre.
La normativa electoral establece restricciones al uso de recursos estatales para promover candidaturas. Por ello, ambas instituciones coordinarán acciones de vigilancia y control para detectar posibles irregularidades.
Atención a candidatos al CPCCS
La supervisión también alcanzará a quienes aspiran a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este proceso existen precandidatos que actualmente ocupan cargos públicos, por lo que deberán cumplir disposiciones específicas en caso de que sus postulaciones sean calificadas.
El presidente del CNE señaló que la Contraloría tendrá un papel importante en la vigilancia de quienes continúan ejerciendo funciones públicas durante esta etapa.
Elecciones serán el 29 de noviembre
Las elecciones seccionales, que inicialmente estaban previstas para febrero de 2027, fueron adelantadas al 29 de noviembre de 2026.
Los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales para el periodo 2027-2031. En la misma jornada se escogerá a los integrantes del CPCCS.
El convenio entre el CNE y la Contraloría se suma a las medidas de vigilancia que se implementarán durante un proceso electoral que tendrá especial atención sobre el financiamiento, la promoción de candidaturas y el posible uso de recursos públicos con fines electorales.
