El Consejo de la Judicatura abrió un sumario disciplinario contra el juez Gandhy Cervantes, quien integra el Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito y es el magistrado ponente del proceso conocido como Pruebas COVID-19, en el que están procesados el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram, el ciudadano israelí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, Leandro Berrones.
La decisión se produce luego de una serie de aplazamientos que han impedido que el tribunal dé a conocer la resolución del proceso por presunta delincuencia organizada. El caso se inició formalmente en agosto de 2020 y está relacionado con supuestas irregularidades en la comercialización de pruebas para detectar COVID-19, mascarillas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria.
Uno de los últimos incidentes ocurrió el 7 de agosto de 2026, cuando la audiencia tuvo que ser reprogramada debido a la ausencia de una perito traductora y del abogado defensor de Leandro Berrones. Ante esta situación, Cervantes impuso a ambos una multa equivalente a dos salarios básicos unificados y fijó una nueva fecha para la diligencia: 26 de agosto. Además, dispuso que se garantice la presencia de las partes mediante el uso de la fuerza pública, de ser necesario.
Sin embargo, este no fue el primer aplazamiento. El 3 de agosto tampoco se pudo realizar la diligencia debido a la ausencia del propio juez ponente. Previamente, otras convocatorias previstas para junio y julio también habían sido suspendidas por diferentes circunstancias, incluida una solicitud presentada por la defensa de Abdalá Bucaram.
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura informó que el procedimiento disciplinario fue iniciado de oficio para examinar las actuaciones del juez Cervantes dentro de esta causa y determinar si existieron posibles infracciones disciplinarias.
Un proceso que lleva varios años
El caso Pruebas COVID-19 comenzó durante la emergencia sanitaria y llegó a etapa de juicio en abril de 2025. La Fiscalía sostiene que los cuatro procesados habrían participado en actividades relacionadas con la comercialización irregular de insumos médicos y pruebas para COVID-19, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Durante el proceso, la Fiscalía presentó testimonios de peritos y testigos, además de documentación, para sustentar su acusación por delincuencia organizada. La etapa de juzgamiento se ha extendido debido a distintos incidentes y diferimientos.
Con la nueva fecha establecida para el 26 de agosto, queda pendiente conocer si finalmente se podrá instalar la diligencia y avanzar hacia la resolución del proceso judicial.
