El Consejo de la Judicatura decidió redistribuir las competencias de estas dependencias entre jueces penales de Iñaquito y de la Corte Provincial de Pichincha. La institución asegura que la medida permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema judicial.
La decisión se tomó durante la emergencia de la Función Judicial
El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió el 7 de septiembre de 2026 eliminar las dependencias judiciales especializadas que atendían procesos relacionados con delitos de corrupción y crimen organizado.
Las competencias no desaparecerán. Según la Judicatura, serán redistribuidas entre jueces de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito y de la Corte Provincial de Pichincha.
La decisión se tomó mientras la Función Judicial permanece bajo una declaratoria de emergencia y después de analizar informes técnicos, jurídicos y de planificación sobre la distribución de la carga laboral.
Judicatura asegura que habrá más jueces
De acuerdo con información del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje), el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes durante los últimos 12 meses para nueve magistrados.
En contraste, algunos despachos penales ordinarios, entre ellos la Corte Provincial de Pichincha, superaron el 100 % de su capacidad operativa.
Con la nueva distribución, el Consejo de la Judicatura sostiene que el número de jueces que podrán conocer procesos relacionados con corrupción y crimen organizado aumentará de 19 a más de 50 a escala nacional.
¿Cómo se distribuirán las competencias?
La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha continuará con el conocimiento de recursos y procesos relacionados con personas que tienen fuero.
Por su parte, el Tribunal de Garantías Penales especializado de Iñaquito se encargará de la etapa de juzgamiento.
La Unidad Judicial de Garantías Penales de Mariscal Sucre atenderá de manera permanente los casos de flagrancia, actos urgentes y medidas cautelares. Entre estas últimas están las solicitudes de inmovilización de cuentas realizadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Otra unidad judicial de Iñaquito continuará atendiendo los procesos hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.
¿Qué ocurrirá con los procesos que ya están en marcha?
La Judicatura aclaró que los procesos que ya se encuentran en trámite y cuentan con audiencias instaladas o suspendidas permanecerán bajo responsabilidad de los jueces que actualmente los tienen asignados.
La reestructuración también contempla acciones para acelerar los procedimientos relacionados con la extinción de dominio, con el propósito de facilitar la recuperación de bienes cuyo origen haya sido declarado ilícito mediante el procedimiento correspondiente.
Judicatura defiende la medida
El Consejo de la Judicatura señaló que la reorganización busca mejorar la eficiencia y fortalecer la transparencia del sistema judicial.
La presidenta de la institución, Mercedes Caicedo, afirmó que la meta es aumentar la capacidad de respuesta y reducir los espacios de impunidad frente a delitos de corrupción y crimen organizado.
La institución también indicó que algunos jueces que formaban parte del esquema especializado han sido involucrados en investigaciones por presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada.
El Consejo aclaró que la eliminación de las dependencias especializadas no significa que los delitos de corrupción y crimen organizado dejen de ser atendidos, sino que sus competencias serán distribuidas entre un número mayor de jueces y unidades judiciales.
