El país africano acordó acoger a personas expulsadas de territorio estadounidense, siempre que no enfrenten acusaciones penales ni tengan vínculos con organizaciones terroristas.
Burundi se convirtió en uno de los países africanos que han aceptado recibir a migrantes deportados por Estados Unidos a terceros países. El acuerdo se enmarca en la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
La decisión fue confirmada por Nancy Ninette Mutoni, portavoz del presidente burundés Évariste Ndayishimiye. Según explicó, el acuerdo pretende fortalecer las relaciones entre Burundi y Estados Unidos, además de ofrecer un lugar de acogida a personas que necesiten establecerse temporalmente o buscar una nueva residencia.
El Gobierno de Burundi estableció como condición que las personas trasladadas no estén acusadas de delitos ni mantengan vínculos con organizaciones terroristas. Hasta ahora, las autoridades no han informado cuántos migrantes podrían llegar al país ni una fecha concreta para el inicio de los traslados.
Las autoridades burundesas señalaron que deberán preparar mecanismos para determinar dónde serán alojadas las personas deportadas y cómo se garantizarán sus necesidades básicas. También se contempla facilitar su integración dentro de las comunidades locales.
Mutoni explicó que la recepción de migrantes requiere planificación para definir aspectos relacionados con alojamiento, alimentación y convivencia con la población. El Gobierno también indicó que quienes decidan permanecer en Burundi y contribuir al desarrollo del país podrán hacerlo de acuerdo con las leyes nacionales.
El acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de Washington para enviar a determinados migrantes deportados hacia terceros países. En los últimos meses, varias naciones africanas han establecido acuerdos similares con Estados Unidos.
La política de deportaciones hacia terceros países ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de legisladores estadounidenses. Algunos casos han llegado a tribunales debido a las condiciones y procedimientos utilizados para trasladar a personas que no tienen vínculos con los países receptores.
La situación continúa generando debate internacional sobre las responsabilidades de los países que reciben deportados y las garantías que deben ofrecer a estas personas. En el caso de Burundi, todavía queda por determinar cuántas personas serán trasladadas y bajo qué condiciones se concretarán los primeros ingresos.
