El Gobierno de Ecuador incorporó un nuevo enfoque en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que además de fortalecer las acciones de control y combate al crimen organizado, plantea intervenir sobre las causas estructurales de la violencia mediante políticas sociales, educativas y de generación de empleo.
La estrategia busca complementar las medidas de seguridad con programas orientados a reducir los factores que favorecen el reclutamiento de personas por parte de organizaciones delictivas. Entre las acciones previstas se incluyen iniciativas enfocadas en mejorar el acceso a la educación, ampliar oportunidades laborales y fortalecer la presencia del Estado en sectores considerados vulnerables.
El plan establece que la respuesta frente a la inseguridad no se limitará al uso de la fuerza pública, sino que incorporará intervenciones sociales dirigidas especialmente a niños, adolescentes y jóvenes expuestos a contextos de violencia. La intención es disminuir los factores de riesgo que facilitan el crecimiento de las estructuras criminales.
Esta política forma parte del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, oficializado por el Gobierno como una política pública de alcance nacional. El documento contempla objetivos relacionados con el control del territorio, el fortalecimiento institucional, la recuperación del sistema penitenciario y la lucha contra las economías ilegales, incorporando por primera vez un eje de prevención basado en el desarrollo social.
Con esta propuesta, el Ejecutivo busca combinar las acciones de seguridad con políticas de largo plazo que contribuyan a reducir la violencia y mejorar las condiciones de vida en las comunidades más afectadas por la delincuencia organizada.
