El Consejo de la Judicatura informó que 23 procesos disciplinarios contra operadores de justicia quedaron sin efecto por prescripción, entre ellos expedientes vinculados con los casos Metástasis y Purga, investigaciones que revelaron presuntas redes de corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano.
La situación fue analizada por el pleno del organismo, que determinó que varios de estos sumarios no pudieron resolverse dentro del plazo establecido. Ante este escenario, la Judicatura resolvió enviar la documentación a la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado y Asamblea Nacional para que se determinen posibles responsabilidades administrativas, penales o políticas.
Según la información expuesta por la institución, la mayoría de los expedientes prescribieron debido a inconvenientes relacionados con la falta de quórum para instalar las sesiones del pleno. De los 23 procesos, 20 habrían caducado por la imposibilidad de que el organismo sesionara y tomara decisiones dentro del tiempo correspondiente, mientras que otros tres no avanzaron por falta de acciones oportunas para su tratamiento.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ofreció disculpas públicas por lo ocurrido y señaló que se deben establecer responsabilidades sobre las circunstancias que llevaron a la pérdida de estos procesos disciplinarios.
Los expedientes estaban relacionados con funcionarios judiciales investigados en el contexto de los casos Metástasis y Purga, procesos que revelaron presuntas estructuras de delincuencia organizada y corrupción vinculadas con decisiones dentro del sistema de justicia ecuatoriano.
La Judicatura también enfrenta el desafío de evitar que nuevos procesos disciplinarios prescriban. El organismo identificó alrededor de 1.000 expedientes con riesgo de caducar hasta diciembre de 2026, por lo que anunció medidas para acelerar su revisión y resolución.
