Un informe presentado en la Asamblea Nacional revela que, de 774 casos de presuntas irregularidades detectados en gobiernos autónomos descentralizados (GAD) del país, apenas 60 cuentan con seguimiento judicial, lo que evidencia un bajo nivel de avance en la investigación y sanción de posibles actos de corrupción.
Los datos fueron expuestos durante una sesión de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, donde se analizó la situación de los gobiernos locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización. Según el reporte, la mayoría de los casos permanece sin procesos judiciales activos, pese a los indicios detectados por los organismos de control.
El informe también señala que Manabí y Esmeraldas concentran el mayor número de informes con presuntas responsabilidades penales, con 67 casos cada una, seguidas por otras provincias que también registran observaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.
Durante el debate legislativo, varios participantes coincidieron en que la falta de continuidad en los procesos judiciales limita la lucha contra la corrupción y reduce la posibilidad de recuperar recursos públicos. Además, insistieron en la importancia de mejorar la coordinación entre las entidades de control y el sistema de justicia para garantizar que las denuncias avancen hasta su resolución.
