El Consejo de la Judicatura (CJ) informó que la suspensión preventiva de tres jueces de la Sala Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado se fundamenta en una declaratoria de presunto error inexcusable emitida por la autoridad competente, y aseguró que la medida se ajusta al procedimiento disciplinario establecido en la normativa vigente.
La institución precisó que la decisión no responde a consideraciones políticas ni a factores externos, sino al inicio de un proceso disciplinario derivado de una resolución judicial. El organismo enfatizó que la actuación del Pleno busca garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas que rigen a la Función Judicial.
Los magistrados suspendidos integraron el tribunal que, el pasado 2 de abril de 2026, aceptó la apelación presentada por Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez Henriques, dejando sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre ellos dentro del denominado caso Goleada.
Tras conocerse la medida, uno de los jueces cuestionó públicamente la suspensión y sostuvo que esta afectaría la independencia judicial. En respuesta, la presidenta del Consejo de la Judicatura reiteró que la actuación del organismo se sustenta en las atribuciones disciplinarias previstas en la ley y que el proceso respetará las garantías del debido proceso.
El expediente disciplinario continuará conforme a las etapas establecidas por la legislación. Una vez concluida la investigación, el Pleno del Consejo de la Judicatura deberá resolver si corresponde o no la imposición de una sanción definitiva a los funcionarios involucrados.
