El Consejo de la Judicatura aprobó un nuevo Plan de Seguridad Integral para la Función Judicial, destinado a reforzar la protección de jueces, servidores y otras personas que trabajan en el sistema de justicia frente a amenazas, atentados y riesgos relacionados con el crimen organizado.
La decisión fue adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 6 de agosto de 2026, después de un diagnóstico sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los funcionarios y las dependencias judiciales en Ecuador.
Más de un centenar de servidores han recibido amenazas
El diagnóstico realizado por la institución identificó que 127 servidores judiciales han recibido amenazas, mientras que otros 23 fueron víctimas de hechos violentos, según la información difundida por el organismo. Estos datos evidenciaron la necesidad de establecer mecanismos específicos para reducir los riesgos que enfrentan los operadores de justicia.
El plan contempla acciones orientadas a fortalecer la seguridad de las personas, instalaciones y procesos judiciales. La medida busca responder a un escenario en el que jueces y demás funcionarios pueden convertirse en objetivos de organizaciones criminales debido a las decisiones que adoptan dentro de sus funciones.
Entre las nuevas medidas se encuentra un protocolo para audiencias consideradas de alto riesgo, que permitirá implementar mecanismos destinados a preservar la identidad y seguridad de los funcionarios judiciales. Una de las alternativas contempla el uso de representaciones digitales o avatares en lugar de mostrar la imagen de los jueces durante determinadas diligencias.
Seguridad frente al crimen organizado
El Consejo de la Judicatura señaló que el nuevo plan busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Función Judicial ante las amenazas derivadas del crimen organizado y otros riesgos que pueden afectar la administración de justicia.
La iniciativa se suma a otras acciones adoptadas después de los ataques y amenazas registrados contra servidores y dependencias judiciales en distintas zonas del país. La institución ha señalado que estos hechos representan un riesgo no solo para los funcionarios, sino también para la continuidad de los servicios de justicia.
Con la aprobación del plan, la Judicatura pretende establecer una estrategia integral que combine medidas preventivas, protocolos de actuación y mecanismos de protección para los operadores de justicia.
La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de quienes participan en procesos relacionados con delitos de alta complejidad y estructuras criminales. El objetivo es garantizar que jueces y servidores puedan cumplir sus funciones sin que las amenazas externas condicionen el desarrollo de los procesos judiciales.
