El Tribunal de Juicio de Pichincha declaró culpables al expresidente y a su hijo como colaboradores del delito de delincuencia organizada. Ambos recibieron además una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados.
Tribunal dicta sentencia
El Tribunal de Juicio de Pichincha sentenció a Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso denominado Pruebas COVID-19.
La decisión fue anunciada la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026, después de una audiencia cuya instalación había sido aplazada en seis ocasiones.
Además de la pena privativa de libertad, ambos deberán pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados.
Otros procesados también fueron condenados
El tribunal estableció diferentes penas de acuerdo con el nivel de participación atribuido a cada procesado.
Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión y a una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados.
En tanto, el ciudadano israelí Sheinman Oren recibió una pena de dos años y ocho meses, luego de que el tribunal aplicara el beneficio de cooperación eficaz por la información entregada durante la investigación.
También se le impuso una multa equivalente a seis salarios básicos unificados.
¿Qué investigó el caso Pruebas COVID-19?
La investigación se inició formalmente en agosto de 2020 y estuvo relacionada con la presunta comercialización irregular de aproximadamente 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos durante los primeros meses de la pandemia.
Según el tribunal, en las operaciones investigadas participaron distintas personas y se utilizaron recursos y servidores públicos de la AMT.
La Fiscalía investigó la existencia de una estructura que habría obtenido beneficios económicos mediante la negociación de estos productos durante un periodo crítico de la emergencia sanitaria.
El papel atribuido a Abdalá y Jacobo Bucaram
En el caso de Jacobo Bucaram, el tribunal señaló elementos relacionados con la adquisición y comercialización de las pruebas, entre ellos conversaciones sobre precios y cantidades, así como el manejo de cajas con los insumos investigados y gestiones que habrían facilitado las operaciones.
Respecto a Abdalá Bucaram, los jueces consideraron como elementos de responsabilidad el hallazgo de insumos médicos en su domicilio y determinadas comunicaciones relacionadas con personas vinculadas a la estructura investigada.
El tribunal aclaró que la responsabilidad establecida contra el expresidente no se fundamentó en su parentesco con Jacobo ni en su antigua condición de mandatario, sino en los elementos que, según los jueces, demostraron su participación como colaborador.
Audiencia se instaló después de seis intentos
La lectura del fallo comenzó después de las 17:10 del miércoles y se extendió hasta pasadas las 22:00.
En esta ocasión, Abdalá Bucaram participó de manera telemática desde una casa de salud, donde permanece bajo atención médica. La audiencia había sido aplazada anteriormente debido a su ausencia y a su estado de salud.
Durante la diligencia también se produjeron interrupciones debido a problemas relacionados con la traducción para Sheinman Oren. Finalmente, el tribunal dispuso que la perita encargada de la traducción acudiera presencialmente a la sala.
La sentencia puede ser apelada
La sentencia corresponde a la decisión emitida por el Tribunal de Juicio de Pichincha dentro de este proceso. Las partes todavía cuentan con los mecanismos legales correspondientes para impugnar el fallo.
Con esta decisión, el caso Pruebas COVID-19 llega a una nueva etapa judicial después de varios años de investigación y de los sucesivos intentos fallidos de instalar la audiencia de juicio.
